Locura normativa: franquiciar el IVA para salvar Decretos

La aprobación de medidas esenciales por parte del Congreso depende de equilibrios inestables y concesiones de última hora

La política de vivienda atraviesa un momento de profunda incertidumbre normativa, donde decisiones improvisadas, cesiones cruzadas y fórmulas fiscales de urgencia dibujan un escenario difícil de interpretar. En plena crisis del alquiler, el intento de salvar el Real Decreto Ley 8/2026 , clave para los arrendamientos, que finalmente no ha sido aprobado por el Congreso,  ha derivado en una mezcla de medidas heterogéneas -algunas incluso alejadas del modelo inicial del Gobierno- que evidencian un marco jurídico tensionado y cambiante. El resultado es una sensación de inseguridad regulatoria tanto para inquilinos como para propietarios.

Negociaciones contrarreloj para sostener la prórroga del alquiler

El grupo Sumar ha abierto la puerta a incorporar concesiones dirigidas a Carles Puigdemont y su formación, como bonificaciones fiscales a propietarios y la implantación del llamado IVA franquiciado, con el objetivo de lograr apoyos suficientes para convalidar el decreto de vivienda en el Congreso.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha defendido estas medidas como herramientas pragmáticas para desbloquear la situación. Según ha explicado, el IVA franquiciado que permitiría no repercutir este impuesto a pequeños operadores por debajo de un umbral de ingresos ya habría sido objeto de conversaciones previas con Junts, en el marco de acuerdos anteriores.

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